En un debate en El Prat
del Llobregat, al respecto de la relación entre empleo y formación profesional,
un representante empresarial afirmó que los empresarios no conocen la formación
necesaria en sus empresas y que ello dificulta la elaboración de catálogos
formativos adecuados para atender a sus potenciales demandas. No sé si la afirmación se corresponde con la
realidad o es una exageración, pero dicho por un representante empresarial, uno
se pregunta ¿si no lo saben las organizaciones empresariales quién lo debe
saber? En este caso, no se puede responsabilizar
a los gobiernos de lo que no saben y deben saber los empresarios y hay que
ayudarles cómo sea a que lo sepan. Sorprendió en el debate que los
representantes empresariales también hablaron de la necesidad de más formación
técnica y de la sobre oferta de personas con titulación universitaria. La última
afirmación fue contestada por los expertos como inapropiada en su comparación
con el resto de la Unión Europea y las economías más desarrolladas.
Llevamos largo tiempo en
la búsqueda de una relación equilibrada de la oferta formativa con las
necesidades de competencias en el empleo. Ni en los organismos de la comunidad
autónoma de Catalunya, en los que he participado, ni en los de la Administración
General del Estado, han conseguido un completo mapa de las necesidades
formativas del sistema productivo y así poder marcar unas prioridades para
lograr una buena senda para conseguir satisfacerlas.
Que ingenuidad la mía,
pensé al oír al representante empresarial en El Prat, al pensar hasta ese
momento que entre todos conocíamos con suficiente detalle el sistema productivo y las
demandas u oportunidades profesionales que existían en el mercado laboral para así
establecer las prioridades formativas en cada convocatoria. Pensábamos todos que
era necesario que empresarios, trabajadores y gobiernos profundizáramos más en la detección de las necesidades
concretas del sistema productivo, pero estábamos empeñados en hacer formación, más formación a toda costa, en algunas ocasiones era difícil
justificar del todo su necesidad concreta. Aunque, curiosamente, se programaban
las mismas acciones formativas por las empresas que por las instituciones
formadoras sin condicionamiento institucional.
Si la afirmación en El Prat
del representante empresarial sobre el desconocimiento de la empresas de sus
necesidades de formación es cierta mi tranquilidad ya no es tanta.
En España se ha generado
muchas horas de formación con la financiación de las empresas y los trabajadores.
Formación que era necesario hacer y que, seguramente, ha sido útil para las
personas que la han realizado pues, o han complementado su formación inicial, o les ha supuesto acceder al
conocimiento y las habilidades que no poseían antes. Pero, reconocida la
eficacia de la formación realizada, esto no supone necesariamente la justificación de su eficiencia, por la
determinación de su necesidad previa y por los indicadores de su impacto posterior
en el sistema productivo. Seguramente,
el déficit estuvo al establecer el para qué de la formación, la
objetivación de su necesidad ha sido la causa de poder probar su eficiencia.
Hoy, en Catalunya, hay en
torno a 928.254 persones de 16 a 64 años que no han podido graduarse en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que es condición
mínima para el acceso a una formación profesional en el sistema educativo, o en
formación profesional para el empleo. Unas 2.318.085 persones disponen de un
nivel de formación que acredita una
capacidad profesional o la posibilitad de acceder a ella. Finalmente,
979.756 personas disponen de una titulación universitaria.
En el mercado de trabajo
hoy se habla de infracualificación, de personas que no tienen la formación
necesaria para desempeñar una función laboral con más requerimientos de
profesionalidad de la que disponen, o de sobrecualificación personas que desempeñan una función
laboral que requiere de una menor cualificación de las que ellas acreditan.
Ambos casos son manifestaciones de desequilibrio entre las necesidades
profesionales de un puesto de trabajo y las capacidades de las personas que lo ocupan.
Al observar nuestro modelo productivo, en términos de productividad y de valor
añadido, sabemos que son pocos los puestos de trabajo que corresponden a un nivel de exigencia
de título universitario. Son más
los puestos de trabajo de nivel medio que demandan un nivel de acreditación
profesional medio o especializado y, finalmente, los de menor cualificación
cada vez ocupan un menor espacio en el empleo.
El desequilibrio
principal del mercado de trabajo en términos de cualificación lo provoca, por
un lado, la escasa demanda de trabajos que requieren de un nivel universitario para
su desempeño, ello provoca que las personas que poseen ese nivel de titulación invadan
también puestos de trabajo que requieren menos nivel de cualificación. Y, por
otro, que las personas sin cualificación en este contexto pierden casi todas
las oportunidades laborales porque primero se destruyen los empleos que no
requieren cualificación y los que hay son ocupados por personas con mayor nivel
de cualificación. Un ejemplo de la tendencia lo observamos en las personas de
16 a 24 años, podemos observar que solo han aumentado las oportunidades de
empleo en esta crisis para los universitarios y en los sectores del comercio y la hostelería
junto a los sectores de los nuevos servicios. El resto de grupos
segmentados por actividad y titulación académica solo han visto disminuir el
empleo. La tendencia está ahí: la máxima exigencia de un nivel de formación,
pero no para un puesto de trabajo cualificado sino que, inesperadamente, es para
los puestos de trabajo disponibles hoy que en su mayoría son, en buena parte,
de un bajo nivel de cualificación, que, por otra parte, también están
disminuyendo fruto de la contracción económica.
Para corregir este
desequilibrio en materia de formación y el empleo es necesario establecer una
agenda renovada para la formación para el empleo con dos prioridades: una mayor
y adecuada especialización de la oferta formativa a las necesidades de los
puestos de trabajo y la garantía de acceso para todas las personas en edad de
trabajar a todas las oportunidades formativas. Más concretamente, una acción
que garantice la formación en competencias básicas para las personas no
graduadas en ESO y una formación que permita especializarse en niveles de
profesionalidad adecuados. La formación en gestión de proyectos y el
emprendimiento deben ser también una nueva prioridad para los licenciados
universitarios sin un trabajo adecuado a su capacidad profesional.
Pero, con toda seguridad,
hay que hacer una definición clara del para qué del sistema de formación para
el empleo. Hay que conseguir un buen plan de la formación necesaria y adecuada
a las necesidades presentes y futuras de nuestro sistema productivo. Un plan
que conozca y acredite técnicamente todas las necesidades formativas, los
requerimientos profesionales, que defina los productos formativos y los métodos
de impartición, que defina las recursos y los operadores, que determine las
condiciones de acceso a la formación de los usuarios. Finalmente, con un plan
que incluya un sistema de evaluación ex ante, en el proceso, y ex post.
Evaluación que mida la eficacia, la eficiencia y el impacto de la formación y
asegurar sus finalidades en términos de conocimiento y habilidades de las
personas, de la mejora del capital humano y su aportación de valor en el
sistema productivo, y, finalmente, como último resultado, la mejora de la
competitividad del sistema económico.
